Dos años de la reforma del Catecismo sobre la pena de muerte

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Autor: Francisco C. LÓPEZ, doctor en Ciencias Políticas

Se cumplen dos años de la reforma del número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte. La modificación estaba prevista[1] por el propio Juan Pablo II y por Benedicto XVI[2], que ya habían considerado poco justificada la utilización de este recurso extremo en el tiempo que nos ha tocado vivir.

El punto 2266 del Catecismo señalaba, en la redacción original, que la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye el recurso a la pena de muerte, en casos extremos, en el derecho-deber de la legítima autoridad con la legítima defensa de la sociedad. El Catecismo añadía[3] que, si bastan los medios incruentos para reprimir el crimen, la autoridad debe limitarse a estos medios, porque son más conformes con la dignidad de la persona y el bien común. Es una primera apelación a «las circunstancias del momento»[4].

Dos años después de la promulgación de Evangelium vitae (1995), san Juan Pablo II introdujo una modificación en este párrafo del Catecismo, señalando que «los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo “suceden muy rara vez (…), si es que ya en realidad se dan algunos”»[5]. El magisterio apelaba por segunda vez a las circunstancias del momento, reconociendo que hay en las sociedades modernas sobrados medios eficaces para la legítima defensa de la sociedad frente a un agresor injusto. Esta segunda reforma parecía llamada a ser definitiva[6]. Se reconocía el derecho del Estado por exigencias del bien común a la «ultima ratio» de la pena de muerte, pero la autoridad espiritual reclamaba a las autoridades civiles que usen con preferencia medios incruentos. Finalmente el Papa afirmaba con prudencia admirable que rara vez será necesaria la pena capital, sin excluir de forma absoluta que lo sea en todas partes y para siempre[7]. San Juan Pablo enseñó con toda claridad que el 5º Mandamiento de la Ley de Dios sólo tiene «valor absoluto cuando se refiere a la persona inocente»[8].

En la última reforma de este párrafo del Catecismo[9], por tercera vez, se invocan las circunstancias[10] del momento en referencia a las posibilidades que tiene el Estado moderno para reprimir eficazmente el crimen: «se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente»[11].

Desde entonces los catequistas, profesores de religión y de teología moral, formados e informados, venían explicando esta enseñanza reconociendo que hay justificación moral pero difícilmente necesidad práctica en las circunstancias de nuestro tiempo.

Efectivamente, la Iglesia ha entendido desde la predicación de los apóstoles san Pedro y san Pablo que toda autoridad humana procede de Dios[12]. En su nombre gobierna la autoridad civil buscando la justicia y gozando de algunas de sus prerrogativas, como juzgar y castigar los crímenes para servicio del bien común[13]. Así lo ha enseñado siempre la Tradición de la Iglesia[14], recogiendo la tradición del pueblo elegido de Israel en sus profetas y patriarcas[15], y la práctica unánime de la Cristiandad durante XV siglos. Papas, santos y místicos durante dos mil años así lo entendieron también, desde santo Tomás de Aquino[16] y la escolástica[17], hasta el Concilio de Trento[18], pasando por el magisterio pontificio[19]. Los Estados Pontificios durante mil años también aplicaron la pena de muerte[20], como cualquier otra nación de la Cristiandad por crímenes comunes y por delitos graves de herejía pública y especialmente contumaz.

 

Controversia con la redacción del párrafo reformado

Si el contenido de la reforma del Catecismo a propósito de la pena de muerte ha suscitado controversia en el seno de la Iglesia, no lo ha sido menos el contenido de dos discursos del Santo Padre sobre esta misma cuestión, uno el año anterior a la reforma[21] y otro pocos meses después, explicando el sentido de la misma[22].

La nueva formulación del Catecismo recoge las palabras que pronunció el Santo Padre Francisco en su discurso del 11 de octubre de 2017 con motivo del XXV Aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica: «Es necesario, por tanto, reafirmar que por grave que haya sido el delito cometido la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona».

El Catecismo señala esta frase entrecomillada, convirtiendo una expresión considerada menor en el magisterio pontificio en una manifestación solemne del magisterio de la Iglesia[23].

Esta modificación utiliza argumentos sociológicos para emitir un juicio moral: el «cambio en la conciencia del pueblo cristiano»[24] o que «hoy está cada vez más viva la conciencia»[25]. Y aparentemente no empalma perfectamente con el magisterio multisecular de la Iglesia, cuando señala, en referencia a la Iglesia del pasado, que el castigo de la pena de muerte «fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos»[26], como si la licitud moral de la pena de muerte fuese una consideración subjetiva de la Iglesia de otro tiempo.

El Papa Francisco, en un gesto histórico sin precedentes, ha descalificado el conocimiento y la actitud de toda la Iglesia bimilenaria, incluyendo a quienes redactaron y promulgaron el texto original del Catecismo.

Dice el Santo Padre que «en los siglos pasados, cuando no se tenían muchos instrumentos de defensa y la madurez social todavía no se había desarrollado de manera positiva, el recurso a la pena de muerte se presentaba como una consecuencia lógica de la necesaria aplicación de la justicia»[27].

La primera parte de esta afirmación, apela de nuevo a las circunstancias, pero la segunda imputa a la Iglesia y las sociedades de la Cristiandad una presunta falta de «madurez social»[28]. No es fácil para una conciencia cristiana aceptar la inferioridad de la Iglesia del pasado con respecto a la Iglesia actual, toda vez que la Iglesia del pasado, que gozó también de la plenitud de la Revelación en Cristo y de la Tradición de los santos Padres de la Iglesia, ha demostrado en sus santos y en sus mártires que conocían y amaban la verdad, siendo modelo que presenta la Iglesia para llegar a la patria celestial, mientras nosotros somos todavía simples aspirantes a la visión beatífica. Es difícilmente aceptable que estos modelos hubieran juzgado moralmente aceptable lo que en realidad no lo era, condicionados en su criterio moral nada menos que por la falta de «madurez social» de su tiempo. ¿Ninguno de los treinta y seis doctores de la Iglesia pudo sobreponerse a esta inmadurez social?.

Añade el Santo Padre Francisco que «lamentablemente, también en el Estado Pontificio se acudió a este medio extremo e inhumano, descuidando el primado de la misericordia sobre la justicia. Asumimos la responsabilidad por el pasado, y reconocemos que estos medios fueron impuestos por una mentalidad más legalista que cristiana. La preocupación por conservar íntegros el poder y las riquezas materiales condujo a sobrestimar el valor de la ley, impidiendo una comprensión más profunda del Evangelio. Sin embargo, permanecer hoy neutrales ante las nuevas exigencias de una reafirmación de la dignidad de la persona nos haría aún más culpables»[29]. El Santo Padre Francisco, un año después, identificó este déficit de comprensión de la Iglesia del pasado: «en siglos pasados, cuando (…) aún no se había alcanzado el grado actual de desarrollo de los derechos humanos»[30].

Las acusaciones del Santo Padre Francisco a los papas santos que en el pasado aplicaron la pena de muerte en los Estados Pontificios no son menores: descuidaron «el primado de la misericordia sobre la justicia», se dejaron llevar por una mentalidad «más legalista[31] que cristiana», fueron arrastrados por el afán de «conservar íntegros el poder y las riquezas materiales», «sobrestimaron el valor de la ley» (un año antes el Santo Padre Francisco explicó esta afirmación diciendo que era una mentalidad que «sacralizó el valor de leyes carentes de humanidad y misericordia»[32]) y no comprendieron del todo el Evangelio.

Es un auténtico milagro que muchos de estos papas llegasen a la santidad[33]. Santo Tomás de Aquino, declarado maestro en la Iglesia por enésima vez en el Concilio Vaticano II[34], y que tantos cristianos invocan de manera selectiva, dice sobre la relación entre justicia y misericordia que «la justicia sin misericordia es crueldad; la misericordia sin justicia es la madre de la disolución». Dios es justo porque es misericordioso y es misericordioso porque es justo. Añade santo Tomás que «la misericordia no anula sino que es como la perfección de la justicia»[35], «que la obra de la justicia divina presupone la obra de la misericordia»[36], y que «en toda obra de Dios la raíz primera es la misericordia, pero la misericordia no deroga la justicia, sino que es una cierta plenitud de la justicia»[37]. Cuatro de los papas santos del siglo XX, dos de ellos canonizados por el propio Papa Francisco, dieron por buena la doctrina oficial de la Iglesia sobre la pena de muerte, y han sido elevados a los altares pese a que se dejaron llevar por una mentalidad «más legalista que cristiana», fueron arrastrados por el afán de «conservar íntegros el poder y las riquezas materiales», «sobrestimaron el valor de la ley», bendijeron «leyes carentes de humanidad y misericordia» y no comprendieron del todo el Evangelio.

Estas palabras, pronunciadas en un discurso con motivo de la recepción de algunos peregrinos o autoridades civiles, no parecen gozar por su contenido y por su forma del don de la infalibilidad, donde se mezclan cuestiones teológicas, morales y valoraciones históricas, de suyo discutibles[38], y que no pueden absolutizarse. Por su contenido, porque han sido definidas por la misma autoridad pontificia en términos aparentemente contradictorios. Y si «son irreformables por si mismas»[39], o estaban sujetas a error antes o lo están ahora. Y por su forma, porque adolecen de una declaración solemne, que sí tiene el Catecismo.

Si algo tenía superior la Iglesia del pasado con respecto a esta Iglesia militante, es el uso moderado de las declaraciones y escritos de la jerarquía eclesiástica. Había menos textos oficiales u oficiosos, y los que había se presentaban con un esmero exquisito. Hoy se habla tanto y se escribe tanto que resulta imposible afinar siempre. Pero todos tenemos obligación de afinar: «El celo de tu casa me devora»[40].

El Santo Padre justifica este cambio en el Catecismo en virtud del «progreso de la doctrina llevado a cabo por los últimos Pontífices»[41]. Pero el desarrollo doctrinal, si quiere ser orgánico, exige profundización no rectificación. Una cosa es explorar el dato revelado o una más honda explicación del misterio, y otra cosa es la ruptura. No es verdadero desarrollo doctrinal si se alteran sustancialmente los principios.

Porque el Señor nos pide que demos razón de nuestra fe[42] y el mundo que respira con mentalidad kantiana y posmoderna necesita nuestras razones porque tiene sed profunda de Dios y de eternidad. Y si los catecismos del pasado, promulgados por el Papa en nombre de Dios y su Revelación en Cristo, estaban equivocados, ¿por qué son verdaderos los promulgados por el Papa hoy enseñando otros principios?. ¿Podría venir otro Papa que, «profundizando» aún más en la Revelación divina, alterase de nuevo los principios?.

Por eso, cuando el Papa cita el documento conciliar Dei verbum[43], sería bueno recordar que el propio documento entiende el desarrollo doctrinal en el sentido de que la Iglesia «va creciendo en la comprensión de las cosas»[44]. Por eso el Concilio pide que esta comprensión creciente guarde coherencia con «las palabras trasmitidas»[45] de los Apóstoles que, «comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito, y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre»[46].

El santo Padre concluye recordando que «no estamos en presencia de ninguna contradicción con la enseñanza del pasado, porque la Iglesia siempre ha enseñado de manera coherente y autorizada la defensa de la dignidad de la vida humana, desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural»[47]. Puede que no haya contradicción, pero parece que la hay. Y tanto en un caso como en el otro, se hace un flaco favor a la evangelización de la Iglesia. Porque en la pena de muerte hay dos partes: la dignidad humana y la legítima defensa de la sociedad contra un agresor injusto. Para fortalecer el primer principio (la dignidad humana) se ha debilitado al segundo (la legítima defensa de la sociedad), tal vez olvidando que la legítima defensa es un derecho-deber para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad»[48] y por lo tanto obedece a un imperativo del bien común, que se predica precisamente de la dignidad humana y su derecho al perfeccionamiento personal[49].

Por eso, la clave de este asunto está en las circunstancias que han cambiado, y que han hecho innecesario un recurso extremo, que la historia y la experiencia humana saben que ha sido necesario, y que hoy seguramente sea innecesario. Y en esta cuestión de las «circunstancias», hemos defendido y defendemos la reforma del Catecismo, sabiendo que, quienes reconocemos en la forma y en el fondo la autoridad divina de Pedro, no siempre encontramos la debida colaboración en el propio Pedro.

Porque después de explicar, en virtud de las «circunstancias», el calificativo moral que la pena de muerte merece hoy para el magisterio de la Iglesia, el Santo Padre Francisco dinamitó su propio argumento declarando un año antes que «hay que afirmar de manera rotunda que la condena a muerte, en cualquier circunstancia, es una medida inhumana que humilla la dignidad de la persona»[50].

Repárese en la expresión «en cualquier circunstancia», porque en el mismo discurso, el Santo Padre incurre en lo que parece de nuevo una contradicción: «La legítima defensa no es un derecho sino un deber para el que es responsable de la vida de otro[51]. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado. Como consecuencia, todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado». Repárese ahora en la expresión «todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin». ¿Y si es necesario?. ¿Acaso nunca fue necesario?. ¿Puede garantizarse en juicio prudente que nunca ya será necesario?.

Especialmente aclaratorio podría ser el documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la autoridad de los distintos pronunciamientos del magisterio pontificio, donde a veces se entremezclan la doctrina revelada, el magisterio ordinario infalible, y disposiciones de naturaleza contingente.

Dice el antiguo Cardenal Ratzinger que «el Magisterio puede intervenir sobre asuntos discutibles en los que se encuentran implicados, junto con principios seguros, elementos conjeturales y contingentes. A menudo sólo después de un cierto tiempo es posible hacer una distinción entre lo necesario y lo contingente. La voluntad de asentimiento leal (…) debe constituir la norma». Pero pueden suscitarse «preguntas referentes, según los casos, a la oportunidad, a la forma o incluso al contenido de una intervención», impulsándonos a «verificar cuidadosamente cuál es la autoridad de estas intervenciones, tal como resulta de la naturaleza de los documentos, de la insistencia al proponer una doctrina y del modo mismo de expresarse».

«En este ámbito de las intervenciones de orden prudencial, ha podido suceder que algunos documentos magisteriales no estuvieran exentos de carencias. Los pastores no siempre han percibido de inmediato todos los aspectos o toda la complejidad de un problema». Pero sería algo contrario a la verdad concluir que «el Magisterio de la Iglesia se puede engañar habitualmente en sus juicios prudenciales, o no goza de la asistencia divina en el ejercicio integral de su misión».

«Algunos juicios del Magisterio podían ser justificados en el momento en el que fueron pronunciados, porque las afirmaciones hechas contenían aserciones verdaderas profundamente enlazadas con otras que no eran seguras. Solamente el tiempo ha permitido hacer un discernimiento y, después de serios estudios, lograr un verdadero progreso doctrinal»[52].

 

La clave ha sido marginada: la carta del cardenal Landaria

El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Ladaria, ha dirigido una carta a los obispos acerca de la nueva redacción del número 2267 del Catecismo, explicando que el Papa Francisco, en el Discurso con ocasión del XXV aniversario de la publicación de la Constitución Apostólica Fidei depositum, pidió que fuera reformulada la enseñanza sobre la pena de muerte, «para recoger mejor el desarrollo de la doctrina que este punto ha tenido en los últimos tiempos»[53].

Como la redacción final ha suscitado algunas dudas, pareciendo que se incurre en alguna contradicción con el texto anterior del propio Catecismo y con la tradición de la Iglesia, esta carta explicativa podría tener las claves de una solución satisfactoria para deshacer algunos entuertos.

El cardenal Ladaria afirma en dos ocasiones[54] la continuidad con el magisterio precedente: «se sitúa en continuidad con el Magisterio precedente, llevando adelante un desarrollo coherente de la doctrina católica». El principio normativo es claro. Y es tranquilizador, porque permite aferrase a este principio ante la duda o la sospecha razonable de que la redacción final no exprese con perfecta fidelidad esa continuidad[55].

En segundo lugar, se imputa la responsabilidad del cambio al deseo de los papas inmediatamente precedentes, «para recoger mejor el desarrollo de la doctrina que este punto ha tenido en los últimos tiempos». Este desarrollo «descansa principalmente en la conciencia cada vez más clara en la Iglesia del respeto que se debe a toda vida humana»[56].

El cambio de criterio apelando reiteradamente a las circunstancias de nuestro tiempo se hace acompañar de una conciencia nueva, más clara[57], sobre el debido respeto a la vida humana. Pero entonces se deja en evidencia de nuevo a la Iglesia del pasado que apelaba al principio de la legítima defensa para proteger el bien común cuando era necesario. ¿No tenían los católicos de otros tiempos conciencia clara del valor de la vida humana?. Es una insinuación muy grave.

Además el propio punto 2 de la Carta que nos ocupa señala que «de hecho la situación política y social del pasado hacía de la pena de la muerte un instrumento aceptable para la tutela del bien común». El punto 8 también legítima las interpretaciones del magisterio de otros tiempos «a la luz de la responsabilidad primaria de la autoridad pública de tutelar el bien común, en un contexto social en el cual las sanciones penales se entendían de manera diferente». Pero si era aceptable y era necesaria, no puede insinuarse una conciencia menos clara sobre el valor de la vida humana. Se mezclan indebidamente las cosas y la explicación pierde lógica y fuerza moral.

La Carta reconoce que en la segunda reforma del Catecismo se admite la posibilidad de que sea necesario[58], aunque improbable, el recurso a la pena de muerte por exigencias del bien común. En menos de una década se ha pasado de necesario pero improbablemente necesario, a innecesario e inadmisible. ¿Faltaba entonces a san Juan Pablo II conciencia suficientemente clara sobre el valor de la vida humana?.

La Carta señala, en primer lugar, citando al Santo Padre Francisco, que «hoy día la pena de muerte es inadmisible», sea cual sea el delito imputado[59]. Siempre «implica un trato cruel, inhumano y degradante»[60]. Debe también ser rechazada «en razón de (…) la posibilidad del error judicial»[61].

En esta sucesión de argumentos, aparecen de nuevo las circunstancias: «hoy día». Aparece la idea del castigo irreversible en caso de error judicial, cuestión poco aplicable a la tradición cristiana, que justificaba el recurso a la pena de muerte para casos graves y delitos flagrantes.

Y aparece también la inviolabilidad de la persona, afirmación que si se convierte en absoluta desarma la posibilidad de la legítima defensa personal contra un agresor injusto. Si es inviolable, ante el riesgo de que acabar con la vida del agresor, mejor dejarse matar que incurrir en el riesgo de violar lo que es inviolable. Efectivamente, la «dignidad que no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves»[62]. En buena lógica menos se pierde la dignidad antes de cometer el delito. Pero un padre de familia tiene el derecho y deber grave, como responsable de la vida de otro, a la legítima defensa, que «exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio»[63], con todas las consecuencias.

La Carta del Sr. Cardenal se adhiere acríticamente a la «nueva comprensión de las sanciones penales aplicadas por el Estado moderno, que deben estar orientadas ante todo a la rehabilitación y la reinserción social del criminal», dejando en plano secundario la defensa del bien común como primer objetivo de la pena.

Finalmente la Carta reconoce de nuevo, y aquí está la clave de todo este asunto, que han cambiado las circunstancias y que «la sociedad actual tiene sistemas de detención más eficaces», que hacen «la pena de muerte innecesaria para la protección de la vida de personas inocentes». Se apela por ello a las circunstancias en varias ocasiones: «sistemas de detención más eficaces», «las posibilidades con las que cuenta una sociedad moderna para reprimir eficazmente el crimen» o la falta de proporcionalidad de la pena en relación a la nuevas circunstancias[64]. Una cuarta referencia a las nuevas circunstancias aparece cuando el Sr. Cardenal habla del pasado como «un ambiente en el cual era más difícil garantizar que el criminal no pudiera reiterar su crimen»[65].

Esta explicación, tal vez insuficiente[66], ilustra con claridad el espíritu y las razones de esta segunda reforma del Catecismo al respecto de la pena de muerte en virtud de las nuevas circunstancias de nuestro tiempo.

Sin embargo, esta Carta se quedará en el olvido de los archivos de los palacios episcopales de todo el mundo, y no aparecerá en el texto del Catecismo, que es fuente legislativa de primer orden para una conciencia cristiana. Habría supuesto poco espacio y esfuerzo explicar que, en las circunstancias actuales, el recurso a la pena de muerte es un atentado contra la dignidad humana en la medida que el Estado moderno tiene medios suficientes para defender a la sociedad sin recurrir a este recurso extremo[67]. Porque, como decía el padre pasionista Bernardo Monsegú, «donde un día prevaleció pastoralmente la intolerancia, otro se impuso la tolerancia y hoy prevalece la libertad. Son las circunstancias de lugar, tiempo y personas las que hacen explicable esta asimilación o explicación de una misma doctrina en su vertiente moral»[68].

La coherencia en la Iglesia entre las cosas antiguas y las cosas nuevas es necesaria que aparezca clara[69] a los ojos del pueblo de Dios. Cualquier esfuerzo en este sentido evita malentendidos y fortalece la autoridad de los pastores, en un momento en el que arrecian las desafecciones hacia Pedro[70] en el seno de la Iglesia, como nunca hemos conocido. La Iglesia ya tiene muchos enemigos fuera. Más de los que imaginamos quieren destruirla desde dentro. Y aumenta el número de las ovejas que pretenden suplantar a los pastores en su vocación y misión, probablemente decepcionados con un pastoreo episcopal tantas veces tibio, incongruente y cómplice de los poderes de este mundo[71].

Afinar en la redacción trae muchos beneficios. Atender a los signos de los tiempos es necesario y compatible con la debida sensibilidad hacia la autoridad de la Tradición Apostólica, fuente de la Revelación divina, para que sea y parezca que la continuidad es efectiva, que la Iglesia es un todo orgánico con la Iglesia del pasado y con la Iglesia triunfante, modelo eficaz contrastado para la glorificación de Dios y camino seguro de salvación[72].

 


[1] San Pablo VI se manifestó en algunas ocasiones como enemigo de la pena de muerte (cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, La Iglesia y la transición política, Valencia: Edicep, 2003, p. 181 y 185), eliminando en 1969 esta posibilidad de la legislación de la Santa Sede, un castigo previsto para el delito de asesinato del Sumo Pontífice desde 1929.

[2] Benedicto XVI, en su exhortación Africae munus, 83, reclamaba a quienes gobiernan la supresión de la pena de muerte. Vid. también la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, Propositio 55; y la Audiencia General, 30 de noviembre de 2011.

[3] Catecismo de la Iglesia Católica, 2267.

[4] Las circunstancias del momento pueden alterar sustancialmente la moralidad de los actos, sin caer en la moral de situación o relativismo ético condenado por Pío XII. En la Alta Edad Media enajenar un libro de una biblioteca monástica podía suponer la pena de excomunión. Se trataba a veces de copias únicas y el daño al bien común era irreparable. La Iglesia siempre ha enseñado que no es robo disponer de bienes ajenos que necesitamos para satisfacer necesidades inmediatas y esenciales, cuando el rechazo del dueño es contrario a la razón o al destino universal de los bienes (Catecismo de la Iglesia Católica, 2408). Las circunstancias son una de las fuentes de la moralidad de los actos humanos (Catecismo de la Iglesia Católica, 1750-1754).

[5] San JUAN PABLO II, Evangelium vitae, 27 y 56; cf. Mensaje Urbi et Orbi en la solemnidad de la Navidad, 25 de diciembre de 1998; cf. Homilía durante la Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, 23 de enero de 1999; cf. Homilía en Trans World Dome (Saint Louis, EE. UU.), 27 de enero de 1999.

[6] Desde el máximo respeto filial pero también desde la máxima sinceridad fraternal no pocos files y clérigos han entendido que el asunto que nos ocupa no admitía más considerandos después de la primera reforma de san Juan Pablo II. Caso parecido ha ocurrido con Amoris laetitia. Parecía imposible, sin cruzar ninguna línea roja, superar el planteamiento de Familiaris consortio.

[7] San Juan Pablo II apelaba a la necesidad de un mayor perfeccionamiento de la justicia penal, buscando fórmulas más conformes con la dignidad humana y los designios de Dios para la vida del hombre y para el orden social. La primera razón de la pena impuesta por la sociedad es compensar el desorden de la falta, una expiación como condición para ser readmitido en la sociedad. Con esta solución, la autoridad pública sirve al bien común, protege a las personas, y al tiempo ofrece al reo ayuda y estímulo para corregirse (san JUAN PABLO II, Evangelium vitae, 56).

[8] Ib., 57.

[9] El texto de la segunda reforma del Catecismo al respecto de la pena de muerte fue publicado por la Santa Sede el 2 de agosto de 2018.

[10] Las circunstancias obedecen a la proporcionalidad de los medios. Dice el santo Padre Francisco (FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017) que «toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada. Como enseñaba Santo Tomás de Aquino, (…) es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada» (santo Tomás de AQUINO, Summa theologiae, 2-2, q. 64, a. 7).

[11] Catecismo de la Iglesia Católica, 2267.

[12] Cf. Dz. 425, 1939, 2245.

[13] Dice san Pablo que «los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien, y obtendrás de ella elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero, si obras el mal, teme: pues no en vano lleva espada: pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal» (Rom. 13, 3-4; cf. 1Pe. 2, 13-17). En el Nuevo Testamento se afirma que debe morir quien haya profanado la Ley de Moisés (cf. Hb. 10, 28). Para san Mateo y san Marcos quienes maldicen a sus padres merecen la pena de muerte (Mt. 15, 4; Mc. 7, 10). Ante Jesús crucificado san Dimas reconoce que merece su castigo (Lc. 23, 39-43). Jesús tampoco reprende a Poncio Pilato cuando este se arroga autoridad para disponer de la vida de un reo (Jn. 19, 10-11). San Pedro condena a muerte a Ananías y Safira, sentencia que ejecuta Dios nuestro Señor (cf. Hch. 5, 1-11).

[14] Es cierto que parece que hubo reservas al respecto de esta cuestión en algunos de los Padres de la Iglesia, especialmente prenicenos. Pero en realidad los textos utilizados contra la violencia o la guerra y en favor de los enemigos no pueden interpretarse como rechazo de la pena de muerte. San Juan Crisóstomo bendijo explícitamente la moralidad de la pena de muerte (cf. Restituto SIERRA, Diccionario social de los Padres de la Iglesia, Madrid: Edibesa, 1997, p. 29). También Tertuliano, Orígenes o Clemente de Alejandría. San Ambrosio recoció este derecho del Estado aunque consideró que renunciar a utilizarlo estaba más conforme con la debida imitación de Cristo. San Jerónimo enseñó que castigar a los delincuentes por una autoridad legítima no es un crimen sino un servicio a la sociedad. Dice san Agustín de Hipona que «no quebrantaron, ni mucho menos, el precepto no matarás los hombres que, movidos por Dios, han llevado a cabo guerras, o los que investidos de pública autoridad, y ateniéndose a su ley, es decir, según el dominio de la razón más justa, han dado muerte a reos de crímenes» (San Agustín, Obras Completas XVI, La Ciudad de Dios-I, Madrid. BAC, 2004, p. 51).

[15] El Antiguo Testamento establece que «aquel que derrame sangre de hombre, debe morir» (Gen. 9, 6), y que «El que mata a otro voluntariamente sea castigado con la muerte» (Ex. 21, 12-15; 14; 22; 23, 7; 25, 5; Núm. 35, 16-21; Dt. 19, 11-13). El profeta David escribe: «haré perecer a todos los impíos de la tierra y exterminaré de la ciudad de Dios a todos los obradores de la iniquidad» (Sal. 100, 8). Hubo muertes ejecutadas por expreso mandato del Señor: los hijos de Leví ejecutaron por orden divina a miles de personas. Y Moisés les alabó por su acción (Ex. 32. 39). Dice el profesor Aurelio Fernández que el verbo original hebreo es «rasach», que significa la muerte de un inocente. Por eso, el 5º Mandamiento de la Ley de Dios habría que traducirse como «no causarás la muerte de un inocente». Para otra clase de muertes, la Sagrada Escritura utiliza las palabras «harag» y «hemit» (cf. Jorge LORING, Para salvarte, Madrid: Edibesa, 2008, p. 478). Se castigan no sólo los crímenes sino la idolatría (Lev. 20, 2-3).

[16] «Entre los Doctores escolásticos brilla grandemente Santo Tomás de Aquino, Príncipe y Maestro de todos» (LEÓN XIII, Aeterni patris, 4 de agosto de 1879). Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia, afirmó que la pena de muerte es «legítima y necesaria para la conservación del orden». «Es lícito matar al malhechor en cuanto se ordena a la salud de toda la sociedad, y, por lo tanto, corresponde sólo a aquel a quien esté confiado el cuidado de su conservación» (santo Tomás de AQUINO, Suma Teológica, II-II, 64,3). Es un derecho de la autoridad pública como guardián del bien común, que puede privar de la vida a un criminal porque el crimen merece este castigo, cuando no haya otro medio más eficaz para detener los crímenes o por ejemplaridad en determinados casos (cf. santo Tomás DE AQUINO, Suma Teológica, q. 64, a. 6; cf. Thomas PÈGUES, Catecismo de la Suma Teológica, Madrid: Homolegens, 2011, p. 285-286). Santo Tomás también adujo razones teológicas, en virtud del peligro que para todo el cuerpo social supone un miembro podrido. Es lícito y saludable cercenar un miembro para salvar al organismo, cuando alguien es peligroso para la comunidad o corruptivo de la misma (santo Tomás de AQUINO, Suma Teológica, II-II, 64,2). Enseñaron la misma doctrina los teólogos de la Escuela de Salamanca Francisco de Vitoria, Luis de Molina, Domingo Báñez y Domingo de Soto (cf. Jorge LORING, op. cit., p. 482).

[17] El ilustre padre dominico Antonio Royo Marín ha hecho un estudio detallado sobre la moralidad de la pena de muerte. Explica el padre Royo Marín que la muerte del criminal se rige por principios especiales. En primer lugar, por derecho natural (porque la autoridad recibe la potestad de Dios) puede la autoridad pública (nunca privada) imponer condena de muerte (nunca a un inocente aunque fuese la ruina de la Patria) por exigencias del bien común (p. e. para garantizar el orden como castigo ejemplarizante) y por la gravedad del crimen (basta con un perjuicio grave al bien común, p. e. el centinela que abandona su puesto en plena guerra). El Padre Royo Marín añade, entre otras muchas consideraciones, la necesidad de la certeza de la culpabilidad del reo, porque una posible equivocación es irreparable (cf. Antonio ROYO MARÍN, Teología moral para seglares, Madrid: BAC, 1964, p. 425-426).

[18] El Concilio de Trento enseñó que está dentro de los poderes de la justicia humana condenar a muerte a los reos, dentro de un orden y para defender a los inocentes y para freno del delincuente. Dictando sentencia de muerte, los jueces son ejecutores de la ley divina, tutelando la vida y la tranquilidad de vida de los hombres querida por Dios. La Iglesia siempre ha enseñado que la legítima defensa ante quien pretende arrebatar una vida inocente, justifica la muerte del agresor si no hay otro medio para salvar la vida en peligro grave. Si el individuo goza de este derecho, el Estado tiene derecho a la justa defensa de los enemigos exteriores (guerra justa) y de los interiores (pena capital) ante una amenaza grave a la seguridad y el orden en la comunidad política, agotadas todas las vías posibles (Catecismo Romano, Madrid: BAC, 1956, p. 784-785).

[19] El Papa Inocencio I en el siglo V se pronunció explícitamente en favor de la pena capital para vengar los delitos como nos enseñaron nuestros mayores. «Inocencio III obligó a los herejes valdenses que querían reconciliarse con la Iglesia a suscribir, entre otras, la siguiente proposición: “De la potestad secular afirmamos que sin pecado mortal puede ejercer juicio de sangre, con tal que para inferir la vindicta no proceda con odio, sino por juicio; no incautamente, sino con consejo» (Dz. 425).

[20] La pena de muerte en la Ciudad del Vaticano estuvo vigente desde 1929 con Pío XI hasta 1969 con san Pablo VI para los casos de intento de homicidio del Papa. Fue formalmente derogada por un motu proprio de san Juan Pablo II en febrero de 2001.

[21] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017.

[22] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco a una delegación de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, 17 de diciembre de 2018.

[23] Es doctrina definida por el Concilio de Trento y por el Concilio Vaticano I que Cristo instituyó en sus apóstoles un magisterio infalible, auténtico y perpetuamente duradero (Dz. 960, 966, 1792-1798, 1821-1837). Ese magisterio es infalible cuando el santo Padre desempeña el oficio de pastor y doctor universal, ejerce la autoridad en sumo grado, propone a toda la Iglesia una doctrina en materia de fe o costumbres, y define y sentencia que toda la Iglesia debe asentir ante esa doctrina (Dz. 1839). El Catecismo sitúa la infalibilidad del Papa o de un Concilio (sobre todo ecuménico) presidido por el Papa especialmente en la interpretación del depósito de la Revelación (CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, 25; Catecismo de la Iglesia Católica, 891). Pero también en la doctrina moral (Catecismo de la Iglesia Católica, 2035) y en la interpretación de la Ley Natural (ib. 2036). Vid. (Cardenal Joseph RATZINGER - CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Onum veritatis sobre la vocación eclesial del teólogo, 15-16).

En cualquier caso, el fiel católico está obligado a obedecer incluso aquellas disposiciones de la Iglesia de doctrina falible (PÍO IX, Syllabus, 22) y los decretos disciplinares (Catecismo de la Iglesia Católica, 2037). El canon 752 del CIC dice que se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el Sumo Pontífice o el Colegio de los Obispos, en el ejercicio de un magisterio auténtico que no es infalible. A este grupo de doctrinas «pertenecen todas aquellas enseñanzas –en materia de fe y moral– presentadas como verdaderas o al menos como seguras, aunque no hayan sido definidas por medio de un juicio solemne ni propuestas como definitivas por el Magisterio ordinario y universal».

La nota doctrinal ilustrativa, n. 10 señala que estas enseñanzas «ayudan a alcanzar una inteligencia más profunda de la revelación». «La posición contraria a una de estas doctrinas debe ser considerada como errónea o al menos como imprudente». Aunque no debe olvidarse que «exigen un grado de adhesión diferenciado, según la mente y la voluntad manifestada, la cual se hace patente especialmente por la naturaleza de los documentos, o por la frecuente proposición de la misma doctrina, o por el tenor de las expresiones verbales».

[24] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017.

[25] Catecismo de la Iglesia Católica, 2267.

[26] Ib.

[27] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017.

[28] Si por sus obras les conoceréis (cf. Mt. 7,15-20; Lc. 6, 43-44), es difícil pensar que haya en la historia de la humanidad una época con menos madurez social que el mundo del siglo XX y XXI, donde se producen al año con el aborto millones de asesinatos, por comodidad y egoísmo, de seres humanos inocentes e indefensos.

[29] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017.

[30] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco a una delegación de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, 17 de diciembre de 2018.

San Juan Pablo II discrepaba de esta apreciación. Efectivamente, nunca como hoy se han pisoteado tanto y con tanta impunidad los derechos fundamentales de la persona con el aborto, el mayor genocidio de la historia (cf. san JUAN PABLO II, Reconciliación y penitencia, 2 c y d). San Juan Pablo II denunció que la letra de las Declaraciones de Derechos son papel mojado (cf. san JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 17 e). Hay contraste entre la letra y el espíritu de los Derechos, a los que se tributa sólo un respeto formal (cf. san JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 17; Centesimus annus, 47). El atropello de unos hombres sobre otros no es cosa del pasado (cf. san JUAN PABLO II, Dives in misericordia, 11 a). «Sería vano proclamar los Derechos, si al mismo tiempo no se realizase todo esfuerzo para que sea debidamente asegurado su respeto por parte de todos, en todas partes y con referencia a quien sea» (PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, Compendio de la Iglesia Católica, 153).

[31] A este respecto decía san Pablo VI que «hay quienes quisieran oponer la Iglesia jurídica a la Iglesia de la caridad, pensando que es posible, y no pensando que es contrario a la economía de la salvación aislar un aspecto constitutivo de la Iglesia del otro…» (15 de mayo de 1966). Y añade: «en muchas partes se mira con antipatía la actividad legislativa de la Iglesia, como si se opusiera a la libertad de los hijos de Dios y frenara el desarrollo histórico del organismo eclesiástico…» (17 de agosto de 1966). Citado por José RICART TORRENS, Lo que no ha dicho el Concilio, Madrid: Studium Ediciones, 1969.

[32] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco a una delegación de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, 17 de diciembre de 2018.

[33] No llegó tan lejos, ni se acerca siquiera, el documento de san Juan Pablo II sobre el perdón por los pecados del pasado (vid. san JUAN PABLO II- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Jornada del perdón. Memoria y reconciliación: la Iglesia y las culpas del pasado, Madrid: Palabra, 2000), que no se atrevió a juzgar la moralidad de las instituciones del pasado vinculadas directa o indirectamente a la Iglesia o bendecidas por la Iglesia («la finalidad del texto no es someter a examen casos históricos particulares»). Se pide perdón por las debilidades y pecados personales de los cristianos en la historia. Aunque se pide especialmente perdón por los pecados de los cristianos de nuestro tiempo. Porque los pecados del pasado ya no tienen rectificación posible. Lo que sí puede enmedarse es el pecado del presente...

[34] Cf. CONCILIO VATICANO II, Optatam totius, 16.

[35] Santo Tomás de AQUINO, Suma Teológica I, q. 21, a. 3, ad. 2, «De la Justicia y Misericordia de Dios».

[36] Cf. ib. I, q. 24, a. 4.

[37] Cf. ib. I, q. 21, a. 3, ad. 2.

[38] El Santo Padre se ha referido también a las penas perpetuas «que quitan la posibilidad de una redención moral y existencial, a favor del condenado», definiéndolas «una forma de pena de muerte encubierta» (FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco a una delegación de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, 17 de diciembre de 2018). Este juicio moral no ha sido incluido en el Catecismo, pero supone también una revisión de la doctrina penal que se ha aplicado en el Régimen de Cristiandad durante XV siglos, sin que acertemos a alcanzar cuánto tiene de opinión y cuánto de magisterio. El Catecismo de Trento defiende la legitimidad de la cadena perpetua, condena que no excluye necesariamente la esperanza, pues mientras hay vida hay alguna esperanza o puede producirse un indulto… (Catecismo Romano, op. cit., p. 786).

[39] Dz., 1839.

[40] Jn. 2,17. Sal. 69, 10.

[41] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017.

[42] Cf. 1 Pe, 3-15.

[43] «Esta Tradición progresa (…) crece (…) tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios» (CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum, 8).

[44] Ib.

[45] Ib.

[46] Ib. Un ejemplo modélico en este sentido es el documento conciliar Dignitatis humanae. Recogiendo la tradición de la Iglesia, se reafirma el principio de inmunidad de coacción para profesar libremente y según la conciencia de cada cual cualquier confesión religiosa. Al tiempo se añade a esta inmunidad en la esfera privada, la inmunidad en la esfera pública. Y una y otra inmunidad se proclaman como derecho inherente a la dignidad humana. A continuación, para evitar «abusos so pretexto de la libertad religiosa», se establecen cinco límites a la libertad religiosa, sobre todo en su esfera pública: la paz pública, el orden público, los derechos de los demás, la moralidad pública y el bien común. Con estos límites que establece el Concilio, cualquier rey cristiano de la Edad Media o Moderna podría gobernar de la misma manera que gobernó Felipe II.

[47] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017.

[48] Catecismo de la Iglesia Católica, 2265.

[49] Cf. CONCICLIO VATICANO II, Gaudium et spes, 26,1 y 74. Catecismo de la Iglesia Católica, 1906.

[50] FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017.

[51] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2265.

[52] Cardenal Joseph RATZINGER - CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Onum veritatis sobre la vocación eclesial del teólogo, 24.

[53] CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta a los obispos acerca de la nueva redacción del n. 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, 1 de agosto de 2018.

[54] Ib., 7 y 8.

[55] Las descalificaciones del Papa Francisco a la Iglesia del pasado no contribuyen a ver claro el deseo y el hecho de la continuidad.

[56] La Carta del Sr. Cardenal añade que «en esta línea, Juan Pablo II afirmó: “Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante”» (san JUAN PABLO II, Evangelium vitae, 9). La Carta en su punto 9 explica este desarrollo doctrinal: «Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas» (CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 4). «El Evangelio, en efecto, ayuda a comprender mejor el orden de la Creación que el Hijo de Dios ha asumido, purificado y llevado a plenitud. Nos invita también a la misericordia y a la paciencia del Señor que da tiempo a todos para convertirse» (CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta a los obispos acerca de la nueva redacción del n. 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, 1 de agosto de 2018, 9).      

[57] Las referencias sociológicas («nueva conciencia», «la aversión cada vez más difundida en la opinión pública», «hoy es cada vez más viva la conciencia») no casan bien con las razones de autoridad doctrinal: «nueva comprensión». No deja de ser extraño que se mezclen con cierto desparpajo en un documento eclesial, que no obedece a criterios de voluntad sino a categorías de razón y sobre todo de Revelación divina.

[58] San Juan Pablo II pidió en varias ocasiones «abolir la pena de muerte, que es cruel e innecesaria». La Carta del Sr. Cardenal Ladaria en su cita número 5, se refiere a las homilías del Papa en San Luis (Misuri) en enero de 1999 y en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México unos días después. Sin embargo la cita de esta última homilía aparece fechada en la Carta del Cardenal Ladaria en 1990 (Insegnamenti XXII, 1 (1990), 123):

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180801_lettera-vescovi-penadimorte_sp.html

O se trata de una errata, o el Papa san Juan Pablo II habría calificado como cruel e innecesaria la pena de muerte antes de publicar el Catecismo, que se promulgó en 1992. La cita presumiblemente equivocada se ha divulgado por todas partes.

[59] FRANCISCO, Carta al Presidente de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, 20 de marzo de 2015. FRANCISCO, Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017 (la Carta del cardenal Ladaria señala que este discurso fue pronunciado el 13 de octubre. El documento aparece publicado con fecha del día 11. ¿Segunda errata?).

[60] FRANCISCO, Carta al Presidente de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, 20 de marzo de 2015.

[61] Ib.

[62] CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta a los obispos acerca de la nueva redacción del n. 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, 1 de agosto de 2018, 7.

[63] Catecismo de la Iglesia Católica, 2265.

[64] Y no en virtud de la gravedad del delito. La gravedad del delito aparece en la doctrina de santo Tomás de Aquino como justificación de la pena de muerte.

[65] CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta a los obispos acerca de la nueva redacción del n. 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, 1 de agosto de 2018, 2, 3 y 8. Extrañamente, la Carta recuerda que «queda en pie el deber de la autoridad pública de defender la vida de los ciudadanos», como si este deber hubiese sufrido quebranto con la reforma del Catecismo y fuese necesario recordarlo.

[66] Antes de esta reforma se mantenía la licitud de la pena de muerte como principio general, pero se hacía una excepción en su aplicación particular, porque hoy día no es necesario. Ahora el caso particular, la no necesidad, se impone al principio general. Lo que antes estaba bien no puede dejar estarlo ahora porque las exigencias de la dignidad humana ni los derechos-deberes de la autoridad legítima no dependen de los tiempos.

[67] No faltan autores que han recordado que efectivamente no todos los Estados modernos tienen medios suficientes para defenderse de un agresor injusto. Numerosos países de África, Asia y América no disponen de estos medios. Ni siquiera pueden garantizar la supervivencia de sus habitantes en sociedades donde la mortandad por hambre, falta de agua o enfermedades es elevada. En segundo lugar, la legítima defensa de la sociedad no era la única razón en la tradición católica para justificar la máxima pena (santo Tomás hablaba de la conciencia pública, que puede exigir esta satisfacción injusta para crímenes especialmente execrables y odiosos (cf. Thomas PÈGUES, op. cit., p. 286). Y tercero, si la modificación se debe a un cambio de circunstancias, éstas podrían cambiar de nuevo, y lo que ahora se estima inadmisible se tornaría de nuevo admisible.

El padre pedro Jesús Lasanta señaló, antes de esta segunda reforma del Catecismo, que la sociedad moderna puede defenderse de un agresor injusto de forma alternativa a la pena capital. Tiene medios y recursos para ello, y pone el ejemplo de los EE. UU. Pero los países pobres no pueden utilizar esos medios y por lo tanto usan lícitamente la pena de muerte con las debidas condiciones (cf. Pedro Jesús LASANTA, El Catecismo de la Iglesia Católica meditado, Logroño: Editorial Horizonte, 2004, p. 564).

[68] Bernardo MONSEGÚ, Religión y política, Madrid: Editorial Coculsa, 1974, p. 308. Hay que recordar que san Juan XXIII ya incluyó en el catálogo de derechos humanos el rechazo de la tortura (cf. san JUAN XXIII, Pacem in Terris, 11). El Catecismo rechaza la tortura y señala a la jerarquía de la Iglesia del pasado que frecuentemente no protestó ante esta práctica prescrita en el Derecho Romano. El Catecismo juzga la práctica de la tortura como cruel, lamentable, innecesaria para el mantener el orden público, disconforme con la dignidad humana y camino de peores degradaciones (Catecismo de la Iglesia Católica, 2298). El Santo Oficio permitió la tortura como instrumento de justicia, aunque fuese de forma mitigada (sin derramamiento de sangre ni peligro para la vida del reo, con notario, médico, y levantamiento de acta), en acto permisivo no inventado, porque la tortura era práctica universal mucho antes del nacimiento de la Iglesia. Esta modificación en la calificación moral de la tortura (Pedro Jesús LASANTA, op. cit., p. 573) no suscitó tanta polémica ni hirió tantas sensibilidades. El Catecismo rechaza incluso la tortura incluso como castigo a los culpables, pese a que santo Tomás de Aquino sentenció que era lícito a la autoridad pública castigar con azotes u otros castigos corporales, guardando siempre la debida proporción, si lo estima conveniente para el bien común, p. e. como escarmiento de los culpables. No sería admisible este castigo por cuenta propia por un agente de la autoridad (cf. Antonio ROYO MARÍN, op. cit., p. 426).

[69] Para que no parezca que se incumple la sentencia del Papa san Gelasio I: «no deben tratarse nuevamente los errores que una vez fueron condenados» (Dz. 161).

[70] «La primera Sede no será juzgada por nadie» (san NICOLÁS I (858-867). Carta 8 Proposueramus quidem al Emperador Miguel, del año 865, Dz. 330). De la Sede Suprema «no es lícito a ningún hombre ni pronunciar juicio» (san LEÓN IX (1049-1054). Carta In terra pax hominibus a Miguel Cerulario y León de Acrida, del año 1053, Dz. 352).

[71] El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, padre Juan José Tamayo, recibió con indisimulada alegría esta modificación. Estas manifestaciones de gozo son desconcertantes, toda vez que la redacción anterior del Catecismo, vigente durante los primeros años del Pontificado del Papa Francisco, no merecieron ninguna glosa sino silencio acomplejado. Esta atención y devoción selectiva hacia el magisterio explica el abandono e incomprensión sistemática de las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, que tantas veces denunció san Juan Pablo II.

[72] Es necesario evitar el error de algunos prelados, sobre todo españoles, a partir de los primeros años setenta del siglo XX, que concebían superior a la Iglesia de nuestro tiempo con respecto a la Iglesia del pasado, que se estimaba superada, olvidando que la Iglesia del pasado nos ha dado una legión de santos, y nosotros todavía somos candidatos al infierno.