El comunista Ortega aumenta la represión contra la Iglesia

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Varios grupos de la oposición informaron de que al menos 16 templos católicos se encuentran sitiados por la Policía y por grupos oficialistas favorables al régimen de Daniel Ortega para contrarrestar a los opositores que se han resguardado en las iglesias para protestar por la liberación de 130 presos políticos que fueron detenidos tras las manifestaciones iniciadas hace 19 meses.

La nueva oleada de protestas se desató el pasado jueves 14 de noviembre, cuando once madres se resguardaron en la Iglesia de San Miguel Arcángel de Masaya, una ciudad situada al sureste de Managua (capital nicaragüense) e iniciaron una huelga de hambre en protesta por el encarcelamiento de sus familiares en el marco de una campaña a la que bautizaron“Navidad sin presos políticos”.

Las manifestaciones opositoras se prohibieron después de la última ola de manifestaciones porque -según el Ejecutivo de Ortega- alteran el orden púbico. Fue entonces, cuando la Policía levantó un cerco alrededor de la parroquia y cortó el suministro de luz y de agua, de forma que los opositores en el interior quedasen aislados. Negando el acceso a suministros básicos, como la insulina para el sacerdote Edwin Román, que sufre diabetes. El religioso (que ha sufrido varios desmayos) dijo que dentro del cerco policial se sienten como “rehenes”.

Un grupo de16 jóvenes trató de superar el dispositivo policial para proveer de agua a los disidentes y acabaron detenidos. Los llamados “aguadores”, fueron acusados de tenencia de armas de fuego y encarcelados en prisión preventiva. La Policía asegura que los detenidos llevaban doce artefactos explosivos, una escopeta, tres revólveres y cuatro armas de fuego. Pero la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, María Oviedo, sostiene que este proceso es un mero montaje para continuar con la política represiva del régimen de Daniel Ortega: “Esa acusación es infundada, es una falacia, jamás esos jóvenes se van a atrever a andar con armamento ilegal”, explicaba la jurista.

Trece de los 16 detenidos son miembros de la coalición opositora “Unidad Nacional Azul y Blanco”(UNAB), que constituye la mayor fuerza de oposición al Gobierno. Uno de los dirigentes de la coalición, Félix Maradiaga, informó en una rueda de prensa que la oposición llevaría a cabo “protestas rápidas, manifestaciones, huelgas de hambre simultáneas y un paro nacional que coordinarán con la empresa privada” como respuesta a la represión llevada a cabo por el régimen.

Y como señal de protesta ante el trato a los manifestantes de la Iglesia de Masaya y la detención de los "aguadores", el mismo lunes se sumaron a la protesta otras nueve personas que comenzaron una huelga de hambre en la Catedral de Managua.

La respuesta de las autoridades a esta nueva concentración fue similar a la de la parroquia de Masaya: rodear la Iglesia e impedir el contacto de los manifestantes con el exterior. Pero este cerco no se mantuvo durante demasiado tiempo, por lo menos para las “turbas sandinistas”. Decenas de simpatizantes del régimen entraron en el templo, y al ser increpados por el padre Rodolfo López y la hermana Arelis Guzmán, respondieron dándoles una paliza, forzándolos a abandonar el templo.

Los nueve opositores de la Catedral de Managua- entre los que se encuentra un menor de 11 años graves problemas de salud- se vieron forzados a salir del edificio: “Tuvimos que desalojar por motivos de seguridad, ya no se puede continuar allí. Ahora estamos a salvo, estamos lejos, gracias a Dios estamos a salvo”, decía una de las manifestantes, Dulce Briceño, en un vídeo que divulgó en sus redes sociales.

La Arquidiócesis de Managua, sede metropolitana de la iglesia católica en Nicaragua, denunció la violencia que sufrieron los religiosos y el vandalismo a las propiedades de la Iglesia, una “profanación” de la que culpan directamente a Daniel Ortega, que ya acusó en el pasado a los obispos católicos de ser unos “golpistas” por dar su apoyar a los manifestantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la "violencia contra madres y religiosos por parte de civiles" y exigió "al Estado investigar esos hechos, detener el asedio policial a los templos y familiares de presos políticos". Además, el organismo mostró su "preocupación" por las personas arrestadas por llevar ayuda humanitaria a las personas en huelga.

La CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han coincidido en responsabilizar al Gobierno de Nicaragua por crímenes "de lesa humanidad". Y la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por lo que cree que podría ser “un renovado intento de sofocar la disidencia" por parte del Gobierno de Daniel Ortega. Y es que, las movilizaciones que surgieron el pasado 18 de abril de 2018 por las reformas en la Seguridad Social se convirtieron en un auténtico desafío a Daniel Ortega, que respondió con mucha dureza para reprimir el supuesto "golpe de Estado", dejando 328 opositores fueron asesinados (aunque varios organismos locales elevan la cifra hasta los 651 muertos).