El Vaticano intervino para evitar la quiebra de un hospital de la Iglesia

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Un hospital de dermatología italiano y dos cardenales Prefectos de Dicasterios están en el centro de un escándalo financiero que involucra a un banco del Vaticano, la Fundación Papal con sede en EE. UU, y millones de euros de subvenciones gubernamentales mal asignadas.

Según revelan los medios, el cardenal Angelo Becciu y el cardenal Giuseppe Versaldi han sido actores clave en una complicada serie de transacciones que financiaron la adquisición del hospital Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano en 2015, que colapsó por sustración de fondos y blanqueo de dinero a gran escala, lo que condujo al encarcelamiento de su presidente.

Múltiples fuentes en los Estados Unidos y en Roma han confirmado a CNA que el entonces arzobispo Becciu fue responsable de organizar el esfuerzo concertado de otros funcionarios del Vaticano y cardenales estadounidenses, incluido el entonces cardenal Theodore McCarrick, para presionar a la junta de la Fundación Papal en los Estados Unidos para que aprobara una subvención de 25 millones de dólares en 2017.

Aunque a los donantes estadounidenses se les dijo que el dinero era para aliviar una escasez temporal de efectivo en el hospital IDI, fuentes de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y la Fundación Papal aseguran a CNA que el verdadero propósito del préstamo era ayudar a eliminar una deuda de 50 millones de euros de los libros de APSA.

La deuda fue el resultado de un préstamo de APSA a una asociación sin fines de lucro entre la Secretaría de Estado del Vaticano y una orden religiosa italiana, que tomó prestado el dinero para comprar el IDI. El hospital, en bancarrota en el momento en que fue comprado, no pudo pagar la deuda, y debido a que el préstamo violaba los acuerdos bancarios europeos, podía obligar a poner a APSA bajo estricta supervisión regulatoria.

Becciu, por entonces sustituto de la Secretaría de Estado, intervino para evitar que el mal préstamo pusiera a APSA y al hospital en riesgo de un escándalo financiero más grave.

Según una fuente principal de APSA, Becciu fue la «fuerza impulsora» detrás de los esfuerzos para obtener la subvención de la Fundación Papal, a pesar de que los cardenales estadounidenses estaban seguros de que la solicitud venía directamente del papa Francisco.

«Por supuesto, fue [el cardenal Becciu] quien estuvo detrás de la solicitud de subvención», dijo una figura de alto rango de APSA a CNA. «Estaba personalmente preocupado de que el acuerdo de IDI se solucionara y no planteara más escándalos».

Becciu cuestionó esa tesis y dijo a CNA el pasado 28 de octubre que no estaba involucrado en la obtención de la subvención de la Fundación Papal: «El cardenal Parolin asumió el cargo de Secretario de Estado [en 2013] y ya no me preocupé más del IDI».

Salvando el IDI

La administración de la IDI colapsó en 2012 por deudas de más de 800 millones de euros, cuando varios miembros de su administración fueron procesados ​​por cargos de fraude y malversación de fondos. El hospital había sido propiedad de una provincia de la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción, que fue declarada insolvente por un tribunal italiano en 2013.

Después de que el hospital incurriera en insolvencia y pasara a ser administrado por el gobierno, los Hijos de la Inmaculada Concepción convencieron a la Secretaría de Estado del Vaticano para formar una asociación sin fines de lucro, la Fondazione Luigi Maria Monti, que compró el hospital en 2015. Según los informes, la fundación pagó 131 millones de euros.

Aproximadamente 50 millones de la compra se compensaron con el acuerdo de la fundación de absorber algunas de las deudas pendientes de la IDI, cubiertas por una hipoteca sobre los bienes inmuebles del hospital. Los 80 millones adicionales fueron provistos en efectivo por el Vaticano.

Cincuenta millones de euros llegaron en forma de préstamo de la Administración para el Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), dándose la circunstancia de que ese préstamo probablemente violaba las políticas operativas del banco y lo dejaba abierto al escrutinio de los reguladores bancarios europeos.

Finalmente el préstamo fue fallido, porque los ingresos del hospital no pudieron pagarlo.

A principios de esta semana, la dirección de APSA admitió que el banco central del Vaticano se vio obligado a cancelar 30 millones de euros del préstamo, una vez que colapsaron los intentos de obtener una subvención de $ 25 millones de la Fundación Papal con sede en Estados Unidos.

Funcionarios de la Secretaría de Estado y APSA, supuestamente animados por Becciu, le pidieron al cardenal Donald Wuerl que solicitra la subvención de la Fundación Papal en 2017.

Los fideicomisarios y los donantes expresaron escepticismo sobre la cantidad, que era mucho mayor que sus desembolsos habituales. Aunque Wuerl aseguró a la junta de la Fundación Papal que los fondos estaban destinados a salvar a la IDI del cierre, los miembros legos de la junta plantearon preguntas sobre si el efectivo realmente estaba destinado a cubrir un déficit operativo en el hospital o para cubrir la deuda incobrable en APSA.

A pesar de esas objeciones, la subvención fue aprobada en última instancia por la junta de la Fundación en una votación secreta.

La distribución del dinero se paralizó después de que la junta continuara haciendo preguntas sobre el destino final de los fondos.

Los pobres terminarán pagando la deuda

Se enviaron dos cuotas iniciales a Roma a fines de 2017 y principios de 2018, por un total de $ 13 millones. Después de que los desacuerdos internos sobre la subvención se hicieron públicos, el cardenal Wuerl dijo que pediría al Vaticano que cancelara la solicitud y devolviera los fondos. A principios de 2019, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, escribió a la junta diciendo que los $ 13 millones se reclasificarían como un préstamo, en lugar de una subvención, y se devolverían.

Dos fuentes de la Fundación Papal le dijeron a la CNA que el Vaticano propuso que el préstamo se reembolsara mediante «descuentos» aplicados cada año a la lista de subvenciones solicitadas por la Fundación Papal por las oficinas del Vaticano y los apostolados católicos. Es decir, como indicó a CNA una fuente cercana a la Fundación Papal «los pobres terminarán pagando la deuda».

Cardenal Versaldi

Aparte del préstamo al APSA, y de acuerdo con escuchas telefónicas ordenadas por un juez, los 30 millones de euros restantes que el Vaticano usó para financiar la compra de IDI fueron gestionados por el cardenal Giuseppe Versaldi, quien fue puesto a cargo de la Fondazione Luigi Maria Monti.

Mientras dirigía la asociación para comprar la IDI, Versaldi también se desempeñaba como presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede y era el delegado del Vaticano para supervisar la provincia italiana de los Hijos de la Inmaculada Concepción, que había sido declarada insolvente junto con la IDI.

Según las escuchas telefónicas, en 2014 Versaldi dispuso que se desviaran 30 millones de euros del Hospital Bambino Gesu hacia la organización sin fines de lucro que supervisaba. Ese dinero provino de una subvención de 80 millones de euros que el hospital recibió del gobierno italiano.

Las escuchas telefónicas registraron a Versaldi discutiendo el plan con Giuseppe Profiti, el presidente de Bambino Gesu, y los dos acordaron ocultar la mala gestión de los fondos al Papa Francisco.

Versaldi y Profiti negaron haber actuado mal, y el cardenal afirmó que solo quería ahorrarle al Papa los detalles técnicos de los esfuerzos para salvar a la IDI.

Fuentes conocedoras de los esfuerzos para financiar la compra de IDI dijeron a CNA que los funcionarios del gobierno italiano se negaron a tratar el asunto debido a la participación de funcionarios del Vaticano de alto rango y porque pensaron que los fondos aún se utilizarían para un hospital.

El cardenal Becciu y el P. Decaminada

Aunque Becciu aseguró a CNA que había perdido interés en el proyecto tras el donativo de la Fundación Papal, la conexión del cardenal con el acuerdo de IDI se remonta al menos a su nombramiento en 2011 como Sustituto de la Secretaría de Estado -ndr: segundo al mando tras el cardenal Secretario-.

Poco después de que Becciu asumiera el cargo, el p. Franco Decaminada le pidió su apoyo en la propuesta de que el Vaticano suministrara a la IDI 200 millones de euros, aparentemente para ayudarla a hacerse cargo de otro hospital en Milán. La IDI ya estaba tambaleándose por insolvencia en esos momentos.

Decaminada era entonces uno de los religiosos responsables de los Hijos de la Inmaculada Concepción. El sacerdote sirvió como presidente de la IDI hasta su colapso.

En 2014, un periódico italiano publicó detalles de una carta de Decaminada a Becciu, fechada el 8 de julio de 2011. Pero Becciu le dijo a CNA esta semana que no recordaba la propuesta.

«En julio de 2011 acababa de asumir el cargo de sustituto y no recuerdo si el padre Decaminada me escribió, pero nunca me ocupé de esta petición».

En septiembre de 2011, Decaminada contrató a la sobrina de Becciu, Maria Piera Becciu, como su secretaria personal.

CNA le preguntó al cardenal Becciu si él o su puesto en la Secretaría de Estado habían desempeñado algún papel en la contratación de su sobrina. Su respuesta fue que simplemente «ella solicitó el puesto y fue contratada».

A principios de ese mismo año, Decaminada participó en la creación de una empresa llamada Ibos II, con oficinas en Luxemburgo, Kinshasa y en Roma, cuya oficina estaba ubicada en el mismo edificio que la IDI. La compañía se creó para atraer inversiones para la prospección de petróleo y minerales a lo largo de la región fronteriza de la República Democrática del Congo y Angola.

Antes de regresar a Roma en mayo de 2011, Becciu fue nuncio apostólico en Cuba durante dos años; y antes, embajador del Vaticano en Angola durante casi una década. En 2012, Becciu participó en la toma en consideración por parte de la Secretaría de Estado de una inversión de $ 200 millones en una compañía petrolera diferente en la región de Angola, Falcon Oil.

Becciu aseguró a CNA que no estaba al tanto de la conexión entre Ibos II e IDI, y que nunca había tenido contacto con la compañía.

Decaminada, que tenía fama de abandonar las oficinas de la IDI cerca del Vaticano con cajas de zapatos llenas de dinero en efectivo, fue arrestado en 2013. Fue enviado a prisión por su participación en el fraude y corrupción masivos en torno al colapso de IDI, y finalmente se secularizó.

Cardenales Prefectos

En 2015, el Papa Francisco abolió la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede y nombró a Versaldi para dirigir la Congregación para la Educación Católica.

Profiti fue destituido y condenado por un tribunal del Vaticano luego de un escándalo en el que abusó de su posición en el hospital para lavar fondos, que se usaron para la renovación de un departamento para el cardenal Tracisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano de 2006 a 2013.

En 2016, poco después de que el IDI fuera adquirido, el arzobispo Becciu fue responsable de la cancelación de una auditoría externa planificada de todas las finanzas del Vaticano por parte de la firma PriceWaterhouseCoopers. Al año siguiente, estuvo en el centro de una complicada serie de operaciones relacionados con la Soberana Orden Militar de Malta, en la que la Secretaría de Estado fue acusada de desviar más de 30 millones de euros de un fideicomiso con sede en Suiza legado a la Orden.

La situación se resolvió cuando el Gran Maestro de la Orden, Matthew Festing, se vio obligado a renunciar, y el Papa nombró a Becciu como delegado especial para supervisar la Orden.

También en 2017, Becciu forzó la renuncia del primer Auditor General del Vaticano, amenazándolo con enjuiciamiento por «espiar» los tratos financieros privados de las principales figuras del Vaticano, incluido el propio Becciu.

En 2018, el Papa Francisco creó cardenal a Becciu y le nombró Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

En las últimas semanas, su labor en la Secretaría de Estado ha sido objeto de un escrutinio creciente, luego de los informes del uso de un fondo de inversión con sede en Luxemburgo para dirigir más de $ 200 millones a un plan de desarrollo inmobiliario en Londres, y se cree que está en el centro de una investigación financiera interna del Vaticano aún en curso.