El Papa impulsa acelerar los procesos de nulidad matrimonial

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Unos trescientos jueces de los tribunales eclesiásticos -los que administran la justicia interna de la Iglesia-, de América latina recibieron la semana pasada un llamado de atención del Papa: no se demoren en dar una respuesta a los esposos que piden la nulidad de su matrimonio. La Iglesia admite que el «sí, quiero» que dan dos novios frente al altar puede estar viciado por alguna causa que vuelve inválido el sacramento celebrado en el casamiento.

 

Para demostrar esa invalidez la ley de la Iglesia prevé un proceso que debería durar un año y medio, en cambio suelen ser muchos más prolongados y pueden durar hasta una década.

 

El pedido de una mayor celeridad en los procesos de nulidad matrimonial fue trasmitido por las máximas autoridades de la Rota Romana -la «corte suprema» de la Iglesia- hace pocos días en la Universidad Católica Argentina (UCA) donde se realizó un curso de actualización sobre el matrimonio en el que por primera vez en la historia las máximas autoridades de la Rota Romana salieron de Roma. Hecho que seguramente responde a otro de los pedidos del papa Francisco a los funcionarios de la Santa Sede: «No sean vaticanocéntricos». Desde Roma llegó el decano de ese tribunal, el italiano Pio Vito Pinto, y dos auditores, el español Alejandro Arellano Cedillo y el argentino Alejandro Bunge, que hasta mayo del año pasado fue decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA.

Según datos de la Conferencia Episcopal Argentina, entre 2003 y 2013 ingresaron en el Tribunal eclesiástico nacional 1926 pedidos de nulidad, de los cuales recibió respuesta favorable el 88% (1689). Es decir que, analizados los fundamentos y las pruebas presentadas en dos instancias, dos tribunales diferentes coincidieron en que el sacramento en cuestión «nunca existió» o «fue inválido». Del resto, los casos en los que no tuvieron doble sentencia conforme, no se sabe cómo terminaron. La apelación a la Rota Romana, tercera instancia, es opcional y la causa no vuelve al país.

Esta cantidad de pedidos de nulidad «en proporción a la de matrimonios que celebraron el casamiento en la Iglesia y que luego se separaron es muy baja», afirma a LA NACION el padre Mauricio Landra, actual decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA. Aunque aclara que «no todo matrimonio celebrado y que luego no se puede vivir es inválido», Landra invita a que «si hay una separación sin miras de reconciliación preguntarse si ese sacramento fue válido o no».

Ante esa duda los esposos, o uno de ellos, pueden iniciar el proceso judicial en el tribunal eclesiástico que le corresponda según donde viva. En el país hay ocho cuyos jueces son en la mayoría sacerdotes que tienen además muchas otras responsabilidades.

Según Landra, el promedio de duración del proceso en la Argentina no supera los dos años. «Pero me animo a decir que hubo causas demasiado lentas por razones que no son siempre del tribunal sino de las personas involucradas», dijo. Y agregó que muchas veces los retrasos vienen sí por la falta de tiempo que tienen los jueces para ocuparse de las causas. El juez debe ser un licenciado o doctor en derecho canónico y los abogados, que representan a los esposos, deben conocer el derecho canónico. En otros países, en los que las causas de nulidad duplican o triplican las argentinas, existen tribunales en cada diócesis y también hay más abogados capacitados.

Entre quienes pasaron por procesos de este tipo hay quienes dicen que es muy burocrático y muy caro. Uno de los factores que aumenta los costos son los viajes a la ciudad donde funciona el tribunal. Landra, en cambio, considera que el proceso en sí mismo «no es caro» y que «en nuestro país el tribunal fija las costas conforme a los ingresos de la persona que pide el procedimiento; no hay un arancel fijo y existe también la posibilidad de reducción o eximición del pago». Según el sacerdote, «hoy un proceso debe costar entre 5000 y 7000 pesos».

Otros motivos de demoras pueden ser las entrevistas con los testigos, la realización de las pericias o que el tribunal de primera instancia no envíe la documentación al Nacional (de segunda instancia) en tiempo y forma. En el ámbito eclesiástico hay expectativas de que el sínodo sobre la familia que se hará en octubre próximo analice las propuestas que se hicieron para abreviar los plazos del procedimiento judicial de las nulidades. Una de ellas es la eliminación de la segunda instancia.

Entre las sugerencias dadas en el curso en la UCA se repitió la necesidad de buscar justicia sin olvidar la caridad y misericordia en el trato con quienes preguntan a la Iglesia si su matrimonio fue valido o no. «Hay mucha confusión porque a veces vienen de divorcios traumáticos por la tenencia de los hijos o la posesión de bienes. Acá no hay nada de eso. La legitimidad de los hijos no se pone en discusión. Buscamos que todo se haga en un clima de cordialidad», dijo Landra. Y agregó que así como la celebración del matrimonio no es un «trámite», el proceso para verificar su validez tampoco lo es. Por eso insisten en buscar una buen preparación al matrimonio que apunte, como era antaño, a tener «certeza de que la felicidad no pasa por no tener dificultades sino por vivirlas juntos».