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Miércoles, Septiembre 19, 2018
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La frase del día: 

"Solo el que sirve con amor sabe custodiar"
Papa Francisco

El trabajo decente en el sector de la pesca y de la acuicultura. Perspectiva de la Santa Sede

Autor: Fernando CHICA, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO

La comunidad internacional presta una atención particular a la noción de trabajo decente. Pero, a menudo, este concepto se analiza exclusivamente en su dimensión objetiva, es decir, haciendo referencia a la elaboración y a la aplicación de normas relativas a la seguridad, al salario, a la salud y a otras garantías similares. Sin embargo, hablar de trabajo decente significa reconocer sobre todo la centralidad y la dignidad de la persona humana. De hecho, solamente el reconocimiento de la centralidad y de la dignidad humana hace posible la promulgación de normas que tutelan el trabajo decente.

En la encíclica Laborem exercens, San Juan Pablo II indicaba que el trabajo debe considerarse «un bien “digno”, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Queriendo precisar mejor el significado ético del trabajo, se debe tener presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre – es un bien de su humanidad – porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido «se hace más hombre» (n. 9). Sin embargo, hoy la dignidad y la centralidad del hombre, expresadas a través del trabajo, a menudo no se reconocen o se violan y muchas personas están obligadas así a vivir en “periferias existenciales” de las que es muy difícil salir. Esto ocurre en muchos sectores económicos y sociales, pero se verifica especialmente en algunos ámbitos del sector de la pesca, en los que se detectan además graves violaciones de los derechos humanos de los pescadores.

A este respecto, la Santa Sede ha hecho oír su voz en defensa de los pescadores que, lamentablemente, son víctimas de trata, tráfico y trabajo forzado (cf. Pontificio consejo de la pastoral para los migrantes y los itinerantes, 2013; se pueden consultar también los mensajes de este dicasterio de los años sucesivos, donde se insiste en los mismos conceptos). Esta temática ha sido también objeto de un encuentro que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre, en la sede de la FAO, con ocasión de la celebración de la Jornada Mundial de la Pesca 2016, y en el cual participó el Secretario de Estado de Su Santidad, el Señor Cardenal Pietro Parolin. Sabemos que el sector de la pesca y de la acuicultura es una de las realidades más importantes a nivel global por lo que se refiere a la oferta de trabajo. Estimaciones recientes demuestran que globalmente la pesca y la acuicultura suministran trabajo a alrededor de 57 millones de personas, de las que el 19 por ciento son mujeres, a las que se añaden aquellos que trabajan en toda la cadena de producción, un total de casi 200 millones de trabajadores (FAO, 2016).

La pesca y la acuicultura son, por lo tanto, esenciales para la prosperidad económica de muchísimas regiones y particularmente para las comunidades costeras de numerosos países en vías de desarrollo, en los que las actividades ligadas a la pesca artesanal se llevan a cabo por un número significativo de mujeres, que son en torno a un 50% del total de los trabajadores empleados en esta parcela. El papel de este sector en términos de ocupación es aún más relevante si se tienen en cuenta algunos datos relativos a la contribución que la pesca y la acuicultura ofrecen a la seguridad alimentaria y nutricional mundial. En este sentido, la FAO ha señalado que el consumo anual de pescado por persona se ha duplicado prácticamente desde 1960 hasta hoy. En cuanto a los aspectos nutricionales, los productos pesqueros representan el 6,7% de todas las proteínas consumidas en el mundo y aportan el 20% de la necesidad media de proteínas animales a casi la mitad de la población mundial (FAO, 2016). Esta reflexión no quedaría completa si no se pone de relieve que, según los mismos análisis de la FAO, a nivel global, en la captura de un tercio de los peces que se pescan no se respeta el ritmo de los tiempos que se necesitan para asegurar su reproducción en niveles biológicamente sostenibles (FAO, 2016).

Esta depredación ha de ser frenada porque el desarrollo económico y el amplio espectro de beneficios ligados a este sector no pueden afectar a la salvaguarda del medioambiente ni dejar de considerar las necesidades de las personas que vendrán después de nosotros. El mismo trabajo del hombre, de hecho, pierde su verdadero carácter si ocasiona daños y deteriora gravemente el medioambiente (Turkson, 2016). Es decir, es necesario comprender la profunda conexión existente entre “el ambiente humano” y “el ambiente natural”. Nos lo recuerda muy bien el Papa Francisco en su encíclica Laudato si', cuando insiste en que hay que promover una «ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales» (n. 137). En efecto, «el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social» (n. 48).

Algunas vertientes del sector de la pesca dan testimonio de esta degradación común que es, por una parte, ambiental y, por la otra, humana y social, y que esconde formas de violaciones de los derechos humanos, de trabajo forzado y de tráfico de seres humanos (ILO, 2013). Y conviene mencionar igualmente que estas violaciones tienen entre sus posibles causas precisamente fenómenos como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). De hecho, como se ha puesto de relieve en estudios recientes (ILO, 2013 y 2016; HLPE, 2014), el agotamiento gradual de los recursos pesqueros en las aguas costeras ha obligado a los pescadores a trasladarse hacia zonas más alejadas de la costa. Esto ha hecho necesario reclutar a tripulaciones que permanecen en los pesqueros durante largos períodos de tiempo. El aumento de los costes, en términos de capital y de trabajo, como consecuencia de una mayor permanencia en el mar, ha provocado el que se contrate a trabajadores “de bajo coste”, por así decirlo, que permitan un ahorro salarial. En general, los miembros de estas tripulaciones provienen de áreas muy pobres. Son personas sumidas en la miseria y lastradas por la falta de trabajo.

Muchas de ellas son jóvenes, a menudo analfabetos o con un bajo nivel de educación y que pueden, por lo tanto, ser fácilmente engañados. Otros, en cambio, poseen un diploma otorgado por escuelas náuticas y aceptan cualquier trabajo con tal de no esperar indefinidamente un empleo mejor pagado en la marina mercante. Las agencias de reclutamiento no tienen escrúpulos. Proponen el trabajo en los pesqueros como llevadero y bien pagado y hacen firmar a sus víctimas un contrato que prevé un salario que muy raramente se puede calificar de justo. Generalmente, es un salario ínfimo, lejano a lo que realmente debería corresponder a un trabajador que desarrolla una actividad dura, peligrosa y agotadora. A los pescadores se les pide incluso pagar una cierta cantidad de dinero con el fin de obtener el trabajo y son obligados así a endeudarse ellos mismos y sus familias y a hipotecar la propia tierra. Las agencias de reclutamiento, finalmente, dado que a menudo los pescadores deben embarcarse en puertos que se encuentran en el territorio de otro estado, son las que organizan los traslados de los trabajadores reclutados en los puertos de embarco a su lugar de destino, y aparentan facilitar la expedición de visados.

Una vez que han subido a bordo, los pescadores se encuentran con la cruda realidad. Pueden vivir aislados en los pesqueros durante varios años, lo cual vuelve imposible el desarrollo de una normal vida familiar y social. Las naves en donde embarcan son enormes y no tienen necesidad de atracar en los puertos, pues disponen de embarcaciones más pequeñas, con las que es posible transportar a tierra lo que se ha pescado y abastecerse de carburante. La falta de acceso a los puertos, por lo tanto, impide la huida de los pescadores víctimas de los atropellos, así como el que puedan solicitar asistencia a las autoridades, muchas veces implicadas en la trata. Las condiciones dentro de los pesqueros son terribles: los pescadores están obligados a trabajar durante 18-20 horas al día, 7 días a la semana, a menudo soportando inclementes condiciones meteorológicas; frecuentemente andan faltos de alimentos y el agua potable se distribuye de forma racionada; la privación de horas de sueño, las enfermedades y la malnutrición facilitan que se produzcan accidentes laborales; carecen de equipamientos de seguridad, de una digna y adecuada asistencia médica y de medicinas; los camarotes son estrechos y no respetan las normas higiénico-sanitarias más elementales. Los trabajadores sufren abusos físicos y verbales y están sometidos a castigos que generan tensiones que pueden conducir a motines, graves incidentes e incluso homicidios. Las mujeres y los niños a menudo son víctimas de violencia sexual y cuando los pesqueros atracan en los puertos, muchos se ven obligados a prostituirse. Se han verificado casos en los que los pescadores han sido asesinados y sus cuerpos lanzados al mar.

A menudo, los pescadores a bordo de los pesqueros no consiguen ni siquiera comprender que son víctimas de violaciones de sus derechos humanos. Creen que la situación que viven es solo fruto de su mala suerte. La falta de conciencia de su explotación obstaculiza la posibilidad de petición de intervención y ayuda. Comunicarse con el exterior les resulta, de todos modos, muy difícil: los dispositivos de comunicación a bordo, como radio y teléfonos vía satélite, no pueden ser utilizados. Además, de la naturaleza transnacional de las operaciones de pesca se deduce que los pescadores deberían recibir la protección del Estado del pabellón del pesquero. Pero si los estados en los que ha sido registrado el pesquero no ofrecen garantías en materia de trabajo, los pescadores corren el riesgo de encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad. Como dato paradójico no puedo dejar de señalar que, a veces, los pescadores están incluso sujetos a sanciones por parte de los estados ribereños por su participación en actividades de pesca ilegal. Este fenómeno viene a empeorar la ya compleja e intrincada situación en la que se ven inmersas dichas personas, lo cual muestra, por un lado, que las migraciones, como señala el Papa Francisco, están «adquiriendo cada vez más la dimensión de una dramática cuestión mundial» (Francisco, 2017a) y, por otro, los niveles de inhumanidad que la trata y el tráfico de seres humanos pueden alcanzar.

Con razón el Santo Padre ha definido recientemente estos flagelos como formas de esclavitud moderna (Francisco, 2017b). A esto se añade otro asunto crucial de estos tiempos: una incapacidad, tanto de los sistemas económicos de los países desarrollados como de aquellos en vías de desarrollo, de crear puestos de trabajo, que permitan a las personas hacer fructificar los talentos de los que están dotados y mirar a la cara a los demás con dignidad. Por desgracia, no conocemos el número exacto de pescadores implicados en este doloroso fenómeno que viola sus derechos humanos, entre ellos el derecho a un trabajo decente (ILO, 2016). Pero sabemos que en el mundo se cuentan al menos 20,9 millones de personas que trabajan bajo coacción y que en gran parte están empleados en la economía informal e ilegal (ILO, 2012) y que el 90% del trabajo forzado concierne a las actividades privadas y, sobre todo, a aquellas actividades que requieren una elevada mano de obra, entre ellas, la pesca. Como ha indicado con acierto el cardenal Parolin, para encauzar este fenómeno es necesario apuntar hacia «tres objetivos fundamentales: la ayuda para los pescadores explotados y privados de dignidad, para facilitar su rehabilitación y reintegración; el cumplimiento por parte de Estados y Gobiernos de la normativa internacional en vigor sobre pesca, y más concretamente sobre el trabajo en el sector pesquero; y la lucha contra el tráfico y la trata utilizando medios, incluyendo medidas coercitivas, para imponer el estado de derecho y los derechos humanos básicos. El fin último es salvaguardar en nuestros mares la legalidad que durante siglos ha sido signo de libertad y civilización» (Parolin, 2017: 21).

Esto se vería facilitado si los países de procedencia de los pescadores, por ejemplo, monitorizaran los procesos de reclutamiento de las tripulaciones y promovieran una contratación colectiva capaz de ofrecer garantías a quien es contratado. Esto facilitaría asimismo la movilidad laboral para aquellos que buscan mejorar sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, el respeto de la normativa internacional sobre prevención, represión y persecución del tráfico y de la trata de seres humanos. Los estados de los que provienen los pescadores deberían además facilitar y aceptar el retorno de las víctimas de la trata, del tráfico o del trabajo forzado, tanto si son ciudadanos como si tienen el derecho a vivir permanentemente en su territorio. Se podría igualmente configurar el aumento de las medidas legales y de los procedimientos de tutela a los que las víctimas de tráfico, trata y trabajo forzado en el sector de la pesca podrían acogerse, incluso a bordo de los mismos pesqueros. A las víctimas de este grave fenómeno podrían concedérseles permisos temporales de estancia en los países del pabellón de los pesqueros con el fin de poder darles la oportunidad de cooperar con el sistema judicial. Es importante no pasar de largo sobre estos dramas que he descrito. Sin embargo, no son pocas las veces que se ignoran o tergiversan.

En otras ocasiones, lamentablemente, ocupan titulares efímeros en la prensa, para después perderse en la niebla del olvido. Es una cuestión de humanidad que las voces de los que sufren estas tragedias puedan ser escuchadas y sus legítimos derechos real y justamente atendidos. No hay que olvidar tampoco las situaciones de precariedad que viven aquellos que están empleados en toda la cadena productiva pesquera y en el sector de la acuicultura y que sufren por la falta de garantías contractuales mínimas. En efecto, a menudo, los trabajadores viven en situaciones de precariedad a causa de la temporalidad de sus contratos, por no verse remunerados suficiente y adecuadamente o porque se encuentran privados de toda forma de protección social, necesaria de modo particular cuando suceden situaciones desagradables. Piensen, por ejemplo, en los percances que pueden ocurrir en las incubadoras y en las estructuras en las que se cultiva el pescado. Todas estas prácticas no solo violan el derecho a un trabajo decente de los que están empleados en el sector de la pesca y de la acuicultura, sino que perjudican la reputación de dicho sector y de todos los que trabajan en el mismo de forma esmerada y legal. No podemos quedarnos en mencionar solamente los defectos y fallas del sector. Con el paso del tiempo se perciben avances y progresos en el mismo. Ha habido situaciones que han mejorado y a ello ha contribuido grandemente la existencia de instrumentos capaces de garantizar el trabajo decente en el ámbito de la pesca y de la acuicultura.

Piensen, por ejemplo, en la Convención del OIT sobre el Trabajo Forzado (N. 29) de 1930 y su Protocolo adoptado en 2014, que entró en vigor en noviembre de 2016 y que compromete a sus Miembros a tomar medidas eficaces para prevenir y eliminar la utilización del trabajo forzado, para asegurar a los trabajadores una protección y el acceso a los mecanismos de recurso y de resarcimiento adecuados y eficaces, así como de indemnización, y para reprimir a los responsables de malas prácticas. En 2007, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también adoptó la Convención sobre el Trabajo en el sector de la pesca (N. 188), que entrará en vigor el próximo 16 de noviembre, y que ofrece un conjunto de garantías a favor de los pescadores en lo relativo a la edad mínima del trabajador, la asistencia médica o los tiempos de descanso regulares de la actividad laboral, y todo ello con el fin de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, la presencia de suficiente agua y alimentos en el lugar de trabajo, la higiene y la habitabilidad de los alojamientos. Se trata de brindar información precisa relativa al reclutamiento de trabajadores y a la estipulación del contrato de trabajo con el fin de evitar posibles abusos. También la FAO ha adoptado instrumentos jurídicos que pueden ofrecer una contribución importante a la causa de los pescadores explotados en los pesqueros. Un ejemplo es el Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (22 noviembre de 2009), que entró en vigor en junio de 2016, y que refuerza las inspecciones en los puertos y permite negar el acceso a los puertos a los pesqueros que practican la pesca de manera ilegal (IUU), desalentando, por lo tanto, a aquellos que fomentan la trata, el tráfico y el trabajo forzado de pescadores.

No hay que olvidar, por último, el Código de conducta sobre la pesca responsable (1995) y las Directivas voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, de 2014. Estas iniciativas jurídicas y medidas normativas son de gran valor y han de velarse por su puesta en práctica. Pero, para que el sector al que nos estamos refiriendo alcance mayores beneficios, es preciso un complemento. Se trata de la obligación moral de un cambio de mentalidad. Es decir, hay que abandonar la idea de una economía que prefiere a toda costa el provecho y que olvida el valor supremo del ser humano y de sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a un trabajo decente. En otras palabras, y a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, hay que seguir insistiendo en la afirmación de la prioridad intrínseca del trabajo respecto al capital. El trabajo, de hecho, precisamente por su carácter subjetivo y personal, es superior respecto a otros factores de producción, que han de verse en clave instrumental. Es importante que esta perspectiva se afiance y fortalezca, de modo que desaparezcan todas aquellas lacras que ensombrecen un sector tan importante como el pesquero a través de la superación de intereses particulares y mezquinos, y acabando de una vez por todas con aquellas injusticias que ocasionan que muchos pescadores se encuentren, todavía hoy, en pleno siglo XXI, inmersos en dramáticas situaciones de explotación y abusos, casi como en un régimen de esclavitud. La Iglesia siempre ha mirado con especial predilección a los que viven y trabajan en el mar.

Ya lo recordaba, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Alimentación, de 1986, San Juan Pablo II, cuando traía a colación la atención particular que otorga la Iglesia al sector de la pesca, «en cuanto el Señor Jesús ha elegido a sus primeros Apóstoles entre los pescadores del lago de Galilea y ha conocido por experiencia su dura vida». Por su parte, la Santa Sede, que siempre ha mostrado una significativa sensibilidad por los trabajadores de la mar, está dispuesta a ofrecer su propio apoyo a los gobiernos, a las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, a las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado y a todos los que quieran defender el trabajo decente en la pesca y en la acuicultura. Nadie ha de quedarse al margen ni sentirse excluido en la colaboración con una causa tan noble como es la lucha porque cada trabajador, incluidos aquellos contratados en el sector de la pesca y de la acuicultura, tengan garantizadas condiciones de justicia, libertad, dignidad, seguridad económica e iguales oportunidades. Esto será una feliz realidad con el compromiso de todos, con una firme voluntad política y un decisivo apoyo social para asegurar a cada trabajador un trabajo decente y digno, que tenga siempre en su centro la persona humana y sus derechos fundamentales.

(Publicado en Studi Emigrazione LV, n 210, 2018)

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